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Oposición de la Axarquía, Málaga, al permiso de explotación

Los vecinos de la Axarquía Alta, provincia de Málga, se manifiestan en contra del permiso concedido por la Consejería de Innovación a través de Minas, para la explotación de una cantera en el paraje conocido como La Torca, entre los municipios de Periana y Zafarraya (Granada), convencidos de que dañará la zona y pondrá en riesgo el principal recurso hídrico de la presa de La Viñuela y del propio pueblo de Periana, el acuífero del Guaro.

Los vecinos de las aldeas que bordean La Torca (Guaro, Vilo, Marchamona, La Laguna, La Negra e incluso el pueblo de Periana) han creado una mesa contra la cantera que ha presentado alegaciones ante la Delegación Provincial de Medio Ambiente al expediente de evaluación de impacto ambiental del proyecto de explotación, acompañadas por las firmas de más de 700 personas.

Instituciones como el Ayuntamiento de Periana y colectivos ecologistas como el Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (Gena-Ecologistas en Acción), también han presentado alegaciones contra la cantera. En total, más de 60, la mayoría contrarias, son las que ha recibido Medio Ambiente durante el plazo de información pública del proyecto, que ha finalizado esta semana.

«Si la cantera sale adelante vamos a tener que coger las maletas e irnos de aquí», señala José Antonio Alba Moreno, secretario de la mesa contra el proyecto de explotación minera.

Según los vecinos, la Torca es un entorno de singular belleza, con un microclima de alto valor para la vida tanto humana como vegetal y animal, constituyendo una vertiente que, de ser tocada en su cabecera, afectaría a todo el valle. Aseguran que la cantera se situaría justo en la vertical de la bolsa de agua subterránea que alberga la sierra y que constituye el nacimiento del río Guaro, considerado el principal aporte de agua al pantano de La Viñuela.

Además están convencidos de que la alteración del paraje supondría graves daños a un entorno que en la actualidad es fuente de su economía, basada hasta hace unos años sólo en la agricultura, la ganadería y el turismo rural.

La empresa titular del permiso de investigación y explotación ‘Mastín’ número 6.580 es Investigación y Gestión Minera, Sociedad Limitada. Se trata de una explotación de calizas blancas políticas para la obtención de mármol crema Loja. La concesión de explotación ocupa 6 cuadrículas mineras (180 hectáreas) en los términos municipales de Periana y Zafarraya (Granada). La superficie susceptible de explotación tendrá una superficie de 60 hectáreas. La duración mínima del recurso es de 30 años.

El alcalde de Periana, Adolfo Moreno, ha intentado tranquilizar a los vecinos al afirmar que el Consistorio es el primero que está en contra de la cantera. «No estamos dispuestos a que salga adelante», asegura el regidor, que aclara que todavía es necesario que Medio Ambiente realice la correspondiente declaración de impacto ambiental.

Según Moreno, La Torca es un paraje que figura incluido en el Plan Especial de Protección del Medio Físico y una zona recogida en el Plan de Ordenación Territorial de la Axarquía como de Interés Territorial, además de un hito paisajístico.

La Delegación Provincial de Medio Ambiente no ha querido pronunciarse sobre si atenderá o no las alegaciones vecinales contra la cantera, aunque la delegada Remedios Martel dice que «se mirarán con mucho cariño».

 

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La fiscalía pide el archivo del caso de la cantera del Troconal

La Fiscalía Provincial de Málaga, ha emitido un informe de fecha 15 de febrero de 2008 destinado al Juzgado de Instrucción número 1 de Torremolinos, estimando el sobreseimiento y archivo de presunto delito medioambiental en la cantera del Troconal de Alhaurín de la Torre, gestionada por Áridos y Reforestaciones.

El pleito penal fue interpuesto por la Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra (PDSS) por un presunto delito medioambiental, prevaricación y omisión al deber de perseguir, desde el primer momento se dividió por el juzgado en siete partes, una por cada cantera de la localidad, siendo requeridas más de 30 personas entre los que se encuentra el alcalde, el delegado de Medio Ambiente de la Junta, personal del ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, empresarios, así como el ex alcalde y el ex secretario municipal.

El Juzgado ya ha procedidio a archivar tres partes de las siete, las correspondientes a las canteras de Aripresa, Retamero y Áridos Alhaurín basándose en el informe del fiscal y según han manifestado fuentes del ayuntamiento “se espera que en este caso, el correspondiente a la cantera Troconal, se actúe de la misma forma”.

Según el informe no existen indicios de criminalidad, perjuicio ecológico ni de los sistemas naturales de la Sierra, no habiendo situación de riesgo para la salud . Dicho informe establece que “la falta de licencia de apertura es un trámite administrativo subsanable y no penal”.

La presdidentea de la plataforma ha manifestado mostrarse “sorprendida” ante la petición de la fiscalía, puesto que el juez ya encargó un informe a la Universidad de Málaga en 2003 que determinó que los daños sufridos por la sierra debido a las canteras eran “irreversibles y catastróficos”.

 
 

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Sanción de 6.000 euros por explotar una cantera ilegal

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha impuesto una sanción de 6.000 euros a la empresa Transportes y Servicios Vazquesur por la explotación ilegal de una cantera de recursos minerales en el término municipal malagueño de Ardales.

La empresa extraía recursos minerales sin la autorización administrativa en el paraje conocido como Cortijo de las Papas, informó ayer el Gobierno andaluz en un comunicado.

La cantidad de la multa determina que la actividad de la empresa tuvo un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, como para el medio ambiente.

El expediente sancionador se inició en marzo de 2006 ante una denuncia interpuesta por la Asociación de Empresas Extractivas de Málaga, a la que siguió una orden de paralización de los trabajos por parte de la Delegación Provincial de Innovación.

Además de la sanción económica, el Consejo de Gobierno obligó a la empresa a restablecer todo el paraje afectado por su actividad extractiva ilegal.

 

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