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El TSJA deniega la licencia para explotar la cantera Carmen

La Sala del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha estimado el recurso del Ayuntamiento de Muel y de la comunidad de propietarios de la urbanización Montesol contra la sentencia que anulaba la denegación para extraer áridos de la cantera Carmen por parte de la empresa Hormigones Cariñena.

Con esta decisión, el TSJA revoca una resolución anterior del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Zaragoza en la que se reconocía el derecho de la citada empresa a la explotación de la precitada cantera, al estimar que el silencio administrativo por parte del ayuntamiento ante la petición de licencia daba vía libre a esta actividad “con las limitaciones establecidas en la declaración de Impacto ambiental”.

Sin embargo, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA ha estimado las alegaciones argumentadas por el letrado del consistorio, en el sentido de que la extracción de áridos de la cantera “es una actividad clasificada y es imposible que por la normativa de carácter especial que le afecta pueda entender que la licencia solicitada se haya obtenido por silencio administrativo”.

Según el tribunal, que recuerda anteriores sentencias de la misma sala, al tratarse de una licencia de actividad para su obtención por silencio positivo, “no bastaba el transcurso del plazo para dictar resolución, sino que era precisa la doble denuncia de mora”, que no se formuló en este caso.

Teniendo en cuenta lo dicho, la obtención de la licencia urbanística y de actividad no se produjo en este caso y como consecuencia directa “al no poder obtenerse licencia de actividad por silencio positivo, tampoco se ha podido obtener la de obras que se subordinaba al anterior”.

En opinión de la Sala, “dadas las características especiales que pueden influir de forma perjudicial en el ámbito en el que se desarrollan, la obtención de este tipo de licencias “requiere una condiciones específicas de control, lo que justifica el mantenimiento de estas medidas que garantizan su adecuación a la legalidad”.

De esta forma, el TSJA desestima la demanda de Hormigones Cariñena para que se expida la licencia, sin pronunciarse sobre las costas.

 

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Precintadas dos explotaciones de áridos en Guadalmansa

El Ayuntamiento de Estepona decretó ayer la clausura de las dos explotaciones de áridos que trabajan en la ribera del río Guadalmansa sin contar con licencia urbanística y de actividad comercial. Su cierre se ordenó en octubre del año pasado y el precinto de las instalaciones se hará efectivo en breve, cuando la Policía Local la notifique a los responsables de las sociedades.

El concejal de Urbanismo, explicó que una de las empresas realiza extracciones desde hace décadas en esta zona del municipio, bajo la autorización de la Cuenca Mediterránea Andaluza (CMA); si bien, carece de permisos para su depósito. La mercantil tampoco cumple con la obligación de rellenar las extracciones realizadas con tierra vegetal.

Los trabajos que realizan estas canteras se efectúan sobre un suelo protegido en el Plan de Ordenación del Territorio (POT). El responsable de Urbanismo ya remitió una carta a la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta y a la CMA para informarles del cierre de las instalaciones.

Los vecinos de la zona también alertaron hace una semana que las empresas responsables de las canteras continuaban realizando acopio de materiales en la zona.

 

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El Supremo ratifica el cese de los hornos de Bueras

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), por la que la empresa Dolomitas del Norte SA, deberá cesar la actividad en los hornos de calcificación de Bueras, dando de esta manera la razón a la Asociación Naturaleza Viva de Voto.

La sentencia falla en contra del recurso de casación de la empresa Dolomitas del Norte SA que impugnaba el acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Voto y de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo por el que se concedía una licencia de actividad para la ampliación de la explotación de la cantera, así como para la instalación de una planta integral de calcificación.

Al emitir su fallo, el Tribunal Supremo considera que la clasificación de las actividades que se realizarían en la explotación no es solo molesta, tal como estableció la Comisión Regional de Actividades Molestas, sino también «nociva, insalubre y peligrosa». La clasificación de actividad peligrosa se argumenta por «la utilización de explosivos para las voladuras y depósitos de material explosivo».

Por su parte, la clasificación de insalubre se justifica «por el desprendimiento o evacuación de productos que pudieran resultar perjudiciales para la salud humana».

La sentencia argumenta que esta cantera no cumple la distancia necesaria de 2.000 metros al núcleo urbano más próximo, ya que con la ampliación se sitúa a 600 metros de Bueras y 1.100 metros de San Bartolomé de los Montes. En este punto, el Supremo asegura que esta distancia puede ser menor únicamente «en casos muy excepcionales» y con «medidas máximas de seguridad», algo que, según el documento, tampoco se cumple.

El recurso de la empresa se produjo tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 20 de mayo de 2003 por la que se anulaba la licencia de mayo de 2001 concedida por la Comisión de Gobierno de Voto que entonces presidía el regionalista, José Luis Trueba. Esta licencia contaba con todos los parabienes de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, las Consejerías de Medio Ambiente e Industria y la Comisión Regional de Actividades Molestas.

La Asociación Naturaleza Viva de Voto ha sido la promotora de toda una serie de movilizaciones en contra de la cantera de Bueras que concluyen ahora con la sentencia del Supremo. En el año 2000, la asociación presentó más de 400 alegaciones contra la solicitud de licencia de actividad formulada por la empresa Dolomitas del Norte SA para llevar a cabo el proyecto de ampliación de la cantera de Bueras y la instalación de una planta integral de calcinación de dolomía.

En las alegaciones presentadas por los vecinos se recogía que «el avance del frente de la cantera de Bueras como la instalación de esa planta integral supone la destrucción de suelo agrario». Se señalaba también que el proyecto suponía «un perjuicio para la actividad agrícola-ganadera por la emisión de polvo que queda depositado en las fincas medianamente próximas a la explotación».

 

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