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Archivo de la categoría: Prot. Medioambiental

Aprobada la ampliación del depósito de jarofix en la cantera de El Estrellín, Asturias.

Aprobada la ampliación del depósito de jarofix de AZSA en la cantera de El Estrellín. El Principado aprueba modificar la autorización ambiental integrada de la empresa y concede al vertedero de jarofix de Asturiana de Zinc un máximo de cinco años para iniciar la actividad en la antigua cantera de El Estrellín, en la margen derecha de la ría.

La Consejería de Infraestructura, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ha acordado modificar la autorización ambiental integrada de la multinacional, el último paso en un largo proceso que generó tensiones entre los ayuntamientos de Gijón y Avilés. Ante la negativa del primero y consciente de que sin depósito de jarofix la continuidad de la empresa, clave en el tejido industrial de Asturias, resultaría inviable, el Ayuntamiento de Avilés accedió finalmente a ampliar al vertedero de El Estrellín con tal fin. El acuerdo que permitía la necesaria modificación general del Plan General de Ordenación Urbana para calificar tres parcelas colindantes con la explotación como suelo no urbanizable de interés para canteras extractivas salió adelante en sesión plenaria gracias a los votos del PSOE y del PP.

La ampliación afectará a 28,4 hectáreas, con una cota máxima que no superará la de las colinas próximas, en el lado más cercano a la margen derecha de la ría, y elevará de 4,8 a 7,24 millones de metros cúbicos la capacidad del vertedero, susceptible de acoger hasta 10,94 millones de toneladas de jarofix.

La resolución fue publicada ayer en el Boletín Oficial del Principado, la empresa tiene un plazo de cinco años para iniciar la actividad. Con todo, es una solución provisional. Si se mantiene el actual ritmo -y Asturiana de Zinc lleva siete años consecutivos incrementando su producción y por tanto la cantidad de jarofix que genera- la capacidad del vertedero se agotará en un plazo de unos ocho o diez años.

El jarofix es un material inerte que neutraliza la jarosita, residuo contaminante que genera la producción de zinc que durante años se fue depositando en las balsas de El Pinar de El Espartal. El único problema que plantea es el de su almacenamiento. La solución pasa por enterrarlo o depositarlo, formando montículos, en grandes extensiones de terreno que se cubren con un manto vegetal, como lleva haciéndose años haciendo en El Estrellín.

La resolución publicada ayer dispone que antes de iniciar las tareas de ampliación del vertedero «deberá contarse con aprobación del órgano competente en materia de la Dirección General de Minería y Energía los planes de restauración de las industrias extractivas afectadas por el presente proyecto de ampliación, que deberán contemplar el proyectado relleno de jarofix».

 

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Plan de Rehabilitación para la cantera de Güímar

 

El expresidente de la patronal tinerfeña de la construcción, propone cumplir la condena que le fue impuesta por comisión de un delito ecológico,  restaurando el entorno natural que se vió afectado como consecuencia de una explotación ilegal de una de las canteras de áridos de Güímar; su propuesta pasa por rehabilitar el agujero provocado en la misma.

El proyecto planteado por Antonio Plasencia, consiste en invertir casi cinco millones de euros, que se destinarían fundamentalmente a rellenar el agujero existente y crear una balsa o plantación de más de 2.000 olivos en el hueco restante. A estas medidas principales, agrega otras secundarias tales como la rehabilitación de los servicios e instalaciones anejas a la explotación, consistentes en desmantelar las estructuras de hormigón que en su momento soportaron los molinos y elementos auxiliares para llevar a cabo la actividad minera entre otros trabajos.

En todo caso será la Administración competente, la que debe someter a debate el citado planteamiento, y decidir si aceptan o no la propuesta planteada. En este caso concreto corresponde al Gobierno de Canarias al Cabildo de Tenerife y al propio Ayuntamiento ponerse de acuerdo y valorar la propuesta, que a priori está muy lejos de alcanzar las cifras contenidas en el informe pericial utilizado  en su día por el Fiscal Provincial, que estimaba en cincuenta millones de euros el importe necesario para regenera el entorno dañado.

Como garantía de la correcta ejecución, Antonio Plasencia, informa de que se establecerá un aval bancario ante la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias por el importe del coste de la restauración planteada. A esa importe habría que añadirle el coste de las medidas de seguridad y salud, los costes que supongan las acciones destinadas a mitigar la contaminación atmosférica provocada por los trabajos realizados y una partida para gastos generales.

Cabe recordar que tanto el expresidentes como los otros dos areneros condenados por la Sección Segunda de la Audiencia Provincia, Pedro Sicilia y José Enrique Morales,   asumieron a principios de año su culpabilidad en la comisión del delito ecológico imputado. Además de la pena de prisión impuesta no efectiva al no tener antecedentes penales se le añadió la obligación de arreglar el daño ecológico causado.

Hasta la fecha Antonio Plasencia, ha sido el único de los tres condenados que ha propuesto un proyecto destinado a reparar el daño causado.

 

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En el aire la continuidad de la cantera de LafargeHolcim en Sagunto

En el día de hoy la cementera LafargeHolcim ha anunciado su decisión de paralizar de forma temporal la tramitación administrativa para la ampliación de su actividad de extracción de caliza dentro de la concesión minera que mantiene en el término municipal de Sagunto.

La razón principal se debe a las desavenencias surgidas con el actual gobierno local  y la falta de alternativa viables que consigan conciliar por una parte el interés del consistorio de crear un paraje natural en los terrenos de la concesión de la empresa y la propia viabilidad de ésta, tal y como se recogía en el convenio suscrito por la mercantil y el pleno del ayuntamiento en el año 2013.

En el citado convenio la compañía aceptaba limitar el uso de su concesión y trasladarse a la única zona alternativa viable por la calidad de su caliza, situada en El Piñal. Como contraprestación el consistorio debía apoyar a Lafarge en los dos trámites más inmediatos para la continuidad de su actividad: la renovación del permiso de ocupación de monte público sobre la zona de actividad actual, cuyo plazo expira en 2017, y la ampliación a la zona contigua, conocida como “Margas”, de unas 14 hectáreas.

Con el cambio del Gobierno municipal, el Ayuntamiento se ha opuesto a la  solicitud de licencias de la nueva cantera, lo que ha provocado que la compañía se plantee el cierre de la planta que emplea de forma directa a más de 200 personas e indirectamente a unas 500.

El director de la fábrica, Miguel Ángel Urbano asegura que “creen poco prudente seguir invirtiendo en la fábrica de Sagunto a largo plazo”.

Lafarge señala que “mantiene vigentes todos los permisos y autorizaciones que habilitan la explotación de terrenos situados en los montes de utilidad pública y forestal sobre los que tiene otorgada una concesión minera hasta 2042”. El permiso minero determina tanto la cantidad de material a extraer, como la superficie de la cantera a explotar.

La compañía afirma que “todas las zonas en las que se enmarca el permiso minero de Lafarge están dentro del perímetro del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), físicamente demarcado. Este PGOU reconoce tolerancia extractiva en suelo no urbanizable y permite la explotación minera”.

La única opción de continuidad sería mantener la actual cantera, que parece tener recursos para unos diez o catorce años, y después trasladarnos. Si no, la planta tendrá que cerrar”, subraya Urbano.
 

Lafarge Cementos y UCLM acuerdan investigar sobre algas marinas, materias de sustitución y restauración de canteras.

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Ernesto Martínez Ataz y el director de la fábrica Lafarge Cementos de Villaluenga de la Sagra (Toledo), Raúl Pérez, firmaron un convenio por el que se ponen en marcha tres proyectos de investigación, con un marcado enfoque medioambiental, relacionados con las algas marinas, los materiales de sustitución y la restauración de canteras.

Según el director de la fábrica el primero de estos proyectos consiste en la captura de CO2 mediante algas marinas y su aplicación en la depuración de las aguas Industriales de la fábrica de Villaluenga. El segundo tratará de las materias primas de sustitución que son necesarias para la fabricación del cemento y que se obtienen en las canteras siendo el objetivo la obtención de los mismos, entre ellos Fe y Sílice, de desechos que ya existen.

El tercero de los proyectos se desarrolla con la Facultad de Botánica y se caracteriza por ser de seguimiento del proyecto de restauración de la cantera en Yepes (Toledo). La idea es investigar qué plantas son más adaptadas al contexto de la zona de la Mesa de Ocaña. Martínez Ataz comentó que la dotación económica del convenio es de 82.000 euros, que se utilizará para financiar diferentes actuaciones comunes tanto en formación como en investigación.

 

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Cantera ilegal en el Paraje Protegido del Benicadell, en Beniatiar (Vall d’Albaida)

Las obras de restauración de una antigua cantera en el paraje del Benicadell, en desuso desde 1982, son en realidad un nuevo negocio de extracción de áridos. La Associació Ecologista de la Vall d’Albaida, la Ceva ha exigido a la Conselleria de Medio Ambiente la paralización inmediata de estas obras y la culpabiliza del impacto que está generando la supuesta recuperación de la cantera de Beniatjar, que se había regenerado de forma natural al no haberse producido extracciones en los últimos 27 años.

 
 

El Seprona denuncia una media de dos infracciones por cantera en la provincia de Girona

El Seprona, Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, ha denunciado 207 infracciones tras las inspecciones que durante los meses de enero a marzo ha realizado en 106 canteras a cielo abierto en la provincia de Girona.

La mayoría de las actas levantadas están relacionadas con la falta de documentación, falta de autorización para extracción y vertido de aguas, no presentar licencia de urbanismo; seguidas de mala delimitación de sus limites o por la mala gestión de sus residuos que afectaban a zonas de interés natural o de dominio hidráulico, los agentes han detectado la falta de licencia ambiental , el etiquetado erróneo de envases y el abandono incontrolado de residuos tóxicos.

 

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Ecologistas exigen la restauración de una cantera en Pego

Hace 17 años en la comarca de la Marnia Alta, provincia de Valencia, se llevaron a cabo una serie de extracciones de áridos en una zona de suelo no urbanizable no clasificada para este uso, actuación que ahora ha sido denunciada por la Asociación de Protección Medioambiental de L’Altzúvia, Gelibre, ante la Conselleria de Medio Ambiente, para que obligue a la empresa que llevó a cabo estas extracciones a que restaure la zona afectada.

Según los ecologistas, la empresa que explotaba la cantera, situada en la partida de l’Atzaïa del término de Pego, hizo una extracción de áridos sin ninguna licencia ni permisos pertinentes en l’Atzúvia, concretamente en suelo no urbanizable de La Moleta Vella que, a juicio de Gelibre, “ha provocado un fuerte impacto en el entorno más inmediato al municipio”.

Este grupo asegura que la concesión de la explotación a la empresa data del 27 de agosto de 1963 pero sólo para la zona de Pego que está clasificada como área de extracción de áridos pero, en ningún momento, se refiere a la zona situada justo al lado y que pertenece al término municipal de l’Atzúvia.

A su juicio, y aunque el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del marjal Pego-Oliva es posterior a la concesión hecha en 1963, está claro que este documento prohíbe la extracción de áridos en todo el ámbito del paraje protegido y establece criterios paisajísticos de protección. Al igual que ocurre con la Ley de Ordenación del Territorio y la Ley Forestal de la Generalitat Valenciana que obligan a llevar a cabo una plan de restauración de toda el área afectada.

Por todo ello, insistieron en que como medida correctora, el Consell debe exigir a la empresa concesionaria que restaure el área de la Moleta Vella que fue destrozada.

Los ecologistas aseguraron que en al actualidad ya no se ven extracciones en la parte de l’Atzúvia pero el impacto paisajístico creado es “brutal”, por lo que “lo que cabe es que el Gobierno valenciano cumpla la ley y obligue a que la zona sea restaurada como estaba”.

El escrito de Gelibre fue remitido la pasada semana a los responsables de la Conselleria de Medio Ambiente con el fin de que tome cartas en el asunto.

En el mismo se destaca que en el año 1981 la zona de l’Atzúvia afectada estaba clasificada como suelo urbanizable y fue siete años después cuando “atendiendo a los intereses de un promotor que había adquirido suelo forestal en la partida del Tossal del Llop, se decidió modificar las Normas Subsidiarias y calificar la zona como suelo no urbanizable donde no se pueden extraer áridos”.

 

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